El debate sobre las intervenciones policiales abre espacio para exigir capturas legales, prevención y resultados verificables.
La seguridad ciudadana vuelve al centro de la conversación dominicana con la expresión “código 29”, utilizada en el debate público para referirse a muertes de presuntos delincuentes durante intervenciones policiales. El tema abre una oportunidad para exigir resultados que se traduzcan en tranquilidad para las familias y confianza en las instituciones.
Hay una precisión importante: el vocero policial, Diego Pesqueira, negó que el llamado código 29 sea un protocolo o lineamiento institucional. Según declaraciones recogidas a principios de octubre por 10Noticias, el objetivo es detenerlas y ponerlas a disposición de los tribunales.
Entre las acciones informadas por la institución figura una base de datos con 53,877 órdenes de arresto pendientes. En un comunicado del 2 de octubre, la Policía explicó que esta herramienta permite consultar información de los requeridos y facilitar la coordinación con el Ministerio Público. La cifra corresponde a órdenes: una misma persona puede acumular varias.
El camino esperanzador está en convertir mejores herramientas de investigación en capturas legales, expedientes sólidos y respuestas oportunas para las víctimas. También exige transparencia en cada intervención y rendición de cuentas cuando se producen muertes.
Para las familias dominicanas dentro y fuera del país, una seguridad duradera significa poder trabajar, visitar a sus seres queridos y disfrutar de sus comunidades con tranquilidad. Fortalecer la prevención, apoyar el trabajo policial responsable y garantizar justicia son metas que merecen respaldo y seguimiento.
Fuentes
