El Gobierno nacional comenzará este martes el proceso de intervención administrativa de Edesur por los próximos 180 días tras un proceso de meses que incluyó el anuncio de desinversión de la italiana ENEL, una ola de calor que dejó durante días sin servicio a entre 70 mil y 120 mil usuarios, una denuncia por abandono de persona contra la compañía y, tras un informe preliminar del ente controlador, la disposición de la entrada de un representante del Poder Ejecutivo nacional para monitorear los números de la firma.
“Desde que anunció su salida del país se profundizó el deterioro del servicio”, resumió en las últimas horas un miembro del gabinete económico que estuvo involucrado en el proceo de decisión de la intervención a Edesur, una de las distribuidoras de energía eléctrica más grande entre las que operan en la Argentina. “La falta de aumentos de tarifas no es una excusa, porque ya se habilitaron incrementos”, continuaron desde los despachos oficiales. Desde la compañía no realizaron comentarios tras la decisión del Poder Ejecutivo.
Edesur tiene a su cargo la distribución de energía para más de 2 millones de hogares del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Su zona de concesión alcanza una superficie de 3.300 km2, que abarca el centro y sur de la Ciudad de Buenos Aires y todo el sur del conurbano. Su red eléctrica tiene una extensión de 32.500 kilómetros y representa, según la propia empresa, el 20% de la energía del país.
Edesur, empresa surgida del proceso de privatización del servicio eléctrico iniciado en 1992, es propiedad del ENEL desde 2008. La compañía, controlada por el estado italiano, anunció en noviembre pasado que planeaba vender activos en varios países para reducir su deuda y completar un proceso de transición hacia energías más limpias.
La hipótesis que sobrevoló el Ministerio de Economía es que su anuncio de la puesta en venta de sus activos hizo retroceder aún más la calidad del servicio. Incluso en el ENRE mencionaron que la última tanda de sanciones, que todavía no fue oficializada, será el triple de lo que prevé el marco normativo, que solo contempla situaciones con cinco días de corte de servicio. “En este caso hubo 15 días corridos para una gran cantidad de usuarios”, mencionaron. Otro argumento que mencionan es que Edesur tiene, comparativamente, mucha peor performance que otras distribuidoras.
Desde Economía aseguraron que la medida se inscribe “en una serie de decisiones que la administración nacional llevó adelante en las últimas semanas para verificar la capacidad y la disponibilidad técnica de la empresa en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones como prestataria del servicio de distribución eléctrica en áreas de la región metropolitana de Buenos Aires”.
“A partir del día 13 de febrero, cuando 180.000 usuarios quedaron fuera de servicio, se sucedieron en forma reiterada nuevos eventos de corte del suministro en media y baja tensión, los cuales representan un incumplimiento evidente y sistemático respecto de los parámetros de calidad en la prestación del servicio a los que se comprometió la empresa en el contrato de concesión, y que se hayan especificados en el ‘Reglamento de suministro’”, continuó el Palacio de Hacienda.
La intervención, precisaron desde la cartera económica, “tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de las obras para la mejora del servicio”. “La persistencia reiterada de nuevos inconvenientes masivos dentro del área concesionada motivó a las autoridades del ENRE a presentarse ante la Justicia para efectuar una denuncia penal hacia las autoridades de Edesur por la presunta comisión de los delitos de defraudación de derechos acordados, abandono de personas y entorpecimiento de los servicios públicos”, agregaron.
“El interventor deberá elevar al ENRE informes sucesivos y parciales cada diez días (plazo máximo) y confeccionar un informe final a ser presentado a la finalización de su función. La Secretaría de Energía como concedente va a proceder a informar a la Bolsa los cumplimientos y los incumplimientos detectados en Edesur, entendiendo que se trata de una compañía que cotiza en el ámbito internacional”, informó la Secretaría de Energía.
Hace cuatro días, el ENRE había presentado una denuncia ante la Justicia en la que acusó a Edesur de los delitos de malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de personas, debido a los repetidos cortes al suministro eléctrico que tuvieron lugar durante el verano.
Una comparativa entre las dos distribuidoras que hizo el ENRE en el momento de la denuncia mostraba que Edesur tenía en ese momento 107.2451 usuarios sin servicio, de los cuales correspondía por fallas en 65 cables y 618 centros de transformación (contra 2.024 usuarios sin servicio de Edenor); mientras que respecto a los cortes por baja tensión, la Edesur sumaba 36.357 casos contra 2.024 de Edenor.
El ENRE, en su informe, había deslizado que los incumplimientos de la empresa daban lugar, eventualmente, a una quita de la concesión. Finalmente, Sergio Massa decidió decretar la intervención administrativa, por la cual el Poder Ejecutivo no tomará control operativo de la compañía pero tendrá poder de monitoreo de su plan de inversiones y de la prestación de servicio.
En el Ministerio de Economía aseguraron que esta acción administrativa “no afectará los derechos de los accionistas” y que eso despeja riesgos de que la controladora ENEL pueda recurrir al CIADI -el tribunal del Banco Mundial que dirime disputas contractuales entre Estados y compañías privadas- para reclamarle al Gobierno nacional por incumplimiento de contrato. “Si prima la seriedad jurídica no tendría sentido una denuncia ante el CIADI”, mencionó una fuente oficial.
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