La Coalición Cívica, el partido político que preside Elisa Carrió, denunció una “asociación ilícita” liderada por dirigentes del Movimiento Evita, que además son funcionarios. En concreto, los acusan de girar -a través de “convenios” amañados- más de $3.000 millones a sus cooperativas.
Según este esquema, los acusados otorgan y controlan porque ellos mismos presentan las propuestas, aprueban los proyectos y controlan el destino de los fondos. Es decir, la maniobra delictiva está anclada en tres ejes y tiene como vértice a la cúpula de la organización popular oficialista.
En la causa penal que tramita en el despacho del juez federal Daniel Rafecas, se asegura que se trata de una “conducta penal que encuadra dentro de una organización conformada casi con exclusividad a los fines del saqueo de los recursos estatales -provenientes del programa Potenciar Trabajo– para financiar su desarrollo territorial y su disputa política en el universo de las organizaciones sociales y de su frente político”, en este caso el Frente de Todos.
Desde la CC entienden que el presunto desmanejo de los fondos estatales, que terminan en las asociaciones que forman parte de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, “no solamente constituyen actos ilícitos, sino que representan un escándalo moral por la utilización de recursos destinados a reducir las asimetrías sociales y reducir el impacto social de un modelo macroeconómico agotado. Los hechos aquí relatados indignan a la sociedad argentina, lesionan derechos económicos y sociales de quienes se suponen beneficiarios de las políticas sociales del Gobierno y afectan seriamente la capacidad presupuestaria de un país empobrecido” por este tipo de conductas, se lee en el expediente número 2613/2022.
Entre los presuntos integrantes de la asociación ilícita que saqueó parte del presupuesto del ministerio de Desarrollo Social están, entre otros, Emilio Pésico, el secretario de Economía Social y uno de los líderes del Movimiento Evita; Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES); la Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, Milagros Moya (también integrante del Evita); y Gildo Onorato, el único que no es funcionario, pero que preside la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, que es la organización en la que están nucleadas las Unidades de Gestión y asociaciones a las que se trasfirieron los fondos cuestionados.
La descripción de la maniobra, que tramita en Comodoro Py desde agosto del año pasado, es por “trasferencias directas de recursos estatales por un monto de $3.836.167.660 que fueron a las arcas del Movimiento Evita y las organizaciones políticas, cooperativas, asociaciones civiles, fundaciones y demás organizaciones de la sociedad civil vinculadas o que integran dicho Movimiento”.
Entre las pruebas presentadas por los dirigentes de la Coalición Cívica se analizan más de 150 convenios aprobados y concedidos a cooperativas y entidades que responden al Movimiento Evita.
Los fondos, tal como se describe, provienen del Potenciar Trabajo, un programa del ministerio de Desarrollo Social que es administrado desde la Secretaría de Economía Social que está a cargo de Emilio Pérsico.
Según se desprende del expediente, los casi $4.000 millones fueron derivados a las cooperativas de trabajo y Unidades de Gestión en la que cumplen funciones los beneficiarios del Potenciar Trabajo, a través de “convenios” firmados entre el ministerio de Desarrollo Social, desde la secretaría de Pérsico; el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), a cargo de Roig; y las cooperativas de trabajo enroladas en la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada, precedida por Onorato. El control sobre el destino final del dinero, que debería ser utilizado para el desarrollo productivo o capacitaciones, recae en manos de la Dirección Nacional de Cumplimiento y Fiscalizaciones, es decir de Milagros Moya, otra integrante del Evita.
La maniobra
Pérsico fue designado en el puesto por el presidente Alberto Fernández desde el inicio de su gestión. De hecho, por la cartera social pasaron tres ministros: la actual funcionaria Victoria Tolosa Paz; su antecesor, Juan Zavaleta; y el diputado Daniel Arroyo. A pesar de estos movimientos, Pérsico continúa en el cargo.
El Potenciar Trabajo fue creado en marzo de 2020 por iniciativa de Arroyo. El padrón inicial de beneficiarios era de 554.628 titulares. Tres años después son 1.271.2158, lo que significa un aumento del 129,2% desde su inicio.
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El legislador porteño y miembro de la mesa directiva de la Coalición Cívica, Hernán Reyes le explicó a Infobae: “La clave de la maniobra que deberían investigar el juez Daniel Rafecas y el fiscal federal Ramiro González está en la firma de los convenios y los subsidios a través de lar organizaciones sociales, en este caso del Movimiento Evita”
“Es un direccionamiento hacia sus cooperativas que, obviamente, ellos mismos valoran y controlan. El INAES aprueba, Moya Controla, y los fondos salen de la secretaría que maneja Pérsico”, sentenció Reyes, quien entiende que esta es “la caja fuerte a través de la cual estas ‘orgas’ hacen política y se expanden territorialmente”.
Las transferencias de convenios se realizan a través de las de Unidades de Gestión gubernamentales que están a cargo de los intendentes y la Unidades de Gestión, no gubernamentales, a cargo de los movimientos sociales.
Para cobrar el plan sociales, los beneficiarios del Potenciar Trabajo deben realizar 20 horas de labores semanales en estas Unidades de Gestión para así acceder al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil por parte del Estado. Reyes opina, y así se desprende de la causa, que desde el Gobierno, a través de Desarrollo Social, se pone foco en achicar el número de titulares del Potenciar Trabajo, como las casi 100 mil bajas y suspensiones que realizó Tolosa Paz, pero no se ajusta en los montos trasferidos a las Unidades de Gestión. “El ministerio achica planes, da de baja a personas que quizás lo necesitan, pero no las partidas presupuestarias para los emprendimientos. Se achica la cantidad de beneficiarios, pero no las trasferencias a través de los convenios”.
Desde la CC entienden que, por esa razón, los movimientos sociales oficialistas no cuestionan públicamente las políticas de ajuste sobre los planes implementados desde la Casa Rosada. “Bajan gente, pero las orgas siguen recibiendo la misma plata grande, o tal vez más a través de los convenios. Es plata directa que el Movimiento Evita se otorga y controla porque está de los dos lados del mostrador” insistió Reyes.
Desde el Movimiento Evita prefirieron, al menos por ahora, no responder a las acusaciones. “Nos parece una típica denuncia que en general termina en la nada. Además, estamos a disposición de la justicia para que todo se aclare”, dijeron en off the record.
En la denuncia penal, firmada además de Reyes por otros dirigentes de la CC –Héctor Flores, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, María Fernanda Reyes y Maricel Etchecoin– se sostiene que el “modus operandi” comenzó con la “designación estratégica de los referentes del Movimiento Evita al frente de organismos públicos encargados de la asignación de recursos en el marco de programas y políticas sociales”.
Para la Coalición Cívica, ese fue “el paso inicial para lograr desvirtuar la distribución de diferentes apoyos financieros desde dichos organismos a organizaciones que integran el Movimiento Evita”.
En el escrito se detalla que “los referidos funcionarios públicos no solamente asignan con amplia discrecionalidad los recursos estatales, sino que representan los organismos encargados de la fiscalización y control de los apoyos financieros. Así el círculo cierra perfectamente”, sostienen.
La investigación de los dirigentes de la Coalición Cívica los llevó a concluir: “Los distintos niveles del análisis nos muestran que tanto el diseño como la implementación del Programa Potenciar Trabajo, la asignación de los recursos vinculados al mismo y la posterior evaluación del destino de los fondos públicos depende en última instancia de la Secretaría de Economía Social, encabezada por Emilio Pérsico”.
Ante Rafecas, los dirigentes que responden a Elisa Carrió aseveran: “En los hechos aquí denunciados se observa el obrar típico de los miembros de la Federación de Cooperativas del Evita, mediante la confección de convenios de apoyo financiero de dudosa necesidad de subsidios”. Y recuerdan que Pérsico, “como máximo responsable de la Secretaría de Economía Social, es responsable por la inclusión de diversas cooperativas y la Federación a la que pertenece y/o perteneció en los últimos años. Así como, siendo su referente político, obtiene también el beneficio del crecimiento y expansión territorial del Movimiento Evita”.
“Tenemos denunciado al Movimiento Evita por apropiarse de partidas millonaria del Potenciar Trabajo. No es por los planes sino por una serie de convenios con transferencia directa a las orgas de plata del Estado”, describe el legislador porteño ante una consulta de este medio.
“Sabemos que es una maratón. Desde finales de 2021 que estamos atrás de esto. Hicimos pedidos de informes y solicitudes de investigación en la Oficina Anticorrupción, agotamos todas las instancias. En el Gobierno son cómplices de este robo”, denunció Reyes y apuntó: “En agosto del año pasado fuimos a la justicia penal. Son 500 páginas de prueba. Hasta ahora no hicieron nada. Nada de nada”.
“A Rafecas le exijo que investigue. Que capturen la documentación pública en el Ministerio e investiguen porque siguen robando a costa del hambre de los argentinos. Esa gente merece un programa distinto. Merecen que mejoren sus condiciones de empleabilidad y los ayuden a insertarse en el mundo del trabajo. Es una vergüenza lo que hacen. Los usan”, acusó el legislador porteño.
Los dirigentes de la CC aseguran en el escrito: “Los diversos programas que dependen para su concesión lo resuelto por Roig o por Pérsico, lo único que estaban llevando a cabo sería un mero engaño. Utilizaban a las cooperativas y la Federación como meros instrumentos formales para la transferencia de recursos públicos. Buscaban ocultar sus fines ulteriores, y presentaban la documentación correspondiente solamente a los fines de darle credibilidad y legalidad a su objetivo”, detallaron.
Para los denunciantes, “en modo alguno el dinero obtenido fue necesariamente utilizado como se requiere para su concesión, obteniendo un privilegio en la asignación y una falta de control del cumplimiento de dichos proyectos o auditando el valor económico de los mismos”.
Según ese razonamiento, “la finalidad perseguida no fue el impacto social de dichos proyectos sino la expansión territorial, el crecimiento de su influencia política y la obtención de recursos para el financiamiento de la actividad política del Movimiento Evita”, que el próximo 17 de marzo lanzará desde el estadio del Club Español el partido político La Patria de los Comunes para competir con candidatos propios en la PASO del Frente de Todos.
Según el criterio de los denunciantes, Alexandre Roig, Emilio Miguel Ángel Pérsico, y Milagros Moya son considerados autores de los hechos que se describen en la causa, “toda vez que poseen las facultades, deberes y potestades inherentes a su cargo para poder cumplir la ley. Más aun así omiten su cumplimiento con el fin de beneficiar a sus allegados y en definitiva a ellos mismos”, por eso se los acusa de manera individual por los presuntos delitos de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas en concurso con incumplimiento de deberes de funcionario”. A Gildo Onorato y los demás miembros del Directivo de la Federación se los señala como posibles autores penalmente responsables del delito de defraudación.
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