La bancada en el Congreso de Podemos Perú, a través de la legisladora Digna Calle, presentó un proyecto de ley en torno a los peajes desplegados en toda Lima Metropolitana.
La iniciativa N° 4024/2022, que lleva las firmas de cinco congresistas del grupo parlamentario, sugiere la implementación de vías alternas a las garitas donde se realizan estos cobros.
La propuesta se realizó un día antes que la concesionaria Rutas de Lima anuncia medidas legales contra el municipio de la capital. La compañía rechazó que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dejara sin efecto el contrato de concesión de peajes.
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En el documento respectivo se apela al derecho al libre tránsito, es decir, a la posibilidad de desplazarse “autodeterminativamente en función a las propias necesidades y aspiraciones personales, a lo largo y ancho del territorio, así como a ingresar o salir de él, cuando así se desee”.
El texto, que contiene las rúbricas de los legisladores Digna Calle, José Luna Gálvez, Kira Alcarraz y Carlos Zeballos, refiere que la iniciativa legislativa no tiene incidencia de gasto público pues “no demanda gastos adicionales del Tesoro Público”.
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“Su propósito es declarativo, de ser aplicado por la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) en coordinación con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), se beneficiará la población de Lima Metropolitana, en particular a toda la población que se ha visto perjudicada por los bloqueos abusivos de vías auxiliares a los peajes”, se lee.
El proyecto de ley, extendido el último 19 del presente mes, aún no ha sido enviado a la comisión parlamentaria respectiva, donde deberá seguir su curso y, de ser aceptada, procederá a debatirse en el Pleno.
La concesionaria emitió un pronunciamiento institucional luego que el Concejo de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), a iniciativa del alcalde Rafael López Aliaga, aprobara el término anticipado del contrato, entre ambas entidades, sobre la concesión de peajes en la capital.
El citado documento fue suscrito en enero del año 2013, durante la anterior gestión de la exalcaldesa Susana Villarán. Según refiere el Concejo se la MML, que apoyó de manera unánime la finalización de esta acta, la medida respondió a una presunta “afectación al interés público”.
En su comunicado, el consorcio destacó que “todos y cada uno de los asuntos alegados por la MML, como base de la supuesta afectación al interés público, han sido sometidos al conocimiento y decisión de Tribunales Arbitrales Internacionales (…) quienes han ratificado reiteradamente la plena validez, vigencia y proporcionalidad del Contrato de Concesión y demás pactos contractuales”.
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“Se tendrá que designar recursos públicos para afrontar el pago de las distintas compensaciones y resarcimientos establecidos en el contrato de concesión, y se someterá a la comuna a asumir obligaciones de pago por S/1′458 808 por concepto de Endeudamiento Garantizado Permitido”, comentó la empresa.
El burgomaestre Rafael López Aliaga, mientras tanto, se pronunció sobre el tema poco después de decidirse dejar sin efecto el acuerdo y aseguró, en diálogo con TV Perú, que no se cometió ninguna expropiación del contrato con Rutas de Lima.
“Seguimos las normas legales, acá no estamos infringiendo ninguna norma legal, ninguna inversión privada, estamos yendo de acuerdo con lo que menciona el contrato”, manifestó al funcionario edil.
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