El Salvador superó las 17.000 capturas de supuestos pandilleros bajo un régimen de excepción.
Que fue decretada por el presidente y que aprobó el Congreso hasta finales del mes de mayo.
El Legislativo otorgó poderes especiales al Gobierno del presidente Nayib Bukele a finales de marzo para lanzar su “guerra contra las pandillas”.
El Ejecutivo cifra en más de 70.000 pandilleros en territorio salvadoreño.
Entre las medidas polémicas
Reutilización de bienes y armas
Se aprobó otra iniciativa del presidente Bukele que autoriza al Estado a utilizar el armamento, dinero y bienes incautados a las pandillas para luchar contra ellas mismas.
«De esta manera, ocuparemos sus mismos recursos para combatirlos», detalló Bukele en su cuenta de Twitter.
De acuerdo a la reforma, los bienes, incluyendo armas, dinero, valores y activos incautados e inmovilizados a estructuras del crimen organizado.
Que estén bajo custodia judicial, «podrán ser utilizados por las autoridades de seguridad pública».
Caleb Navarro, diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, aseguró que con esto le daban un «certero golpe a las finanzas y bienes de las pandillas».
«Utilizaban el dinero de extorsiones para dotarse de armamento y vehículos para seguir delinquiendo», agregó.
De acuerdo con la nueva legislación, los bienes serán trasladados al Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab) que emitirá acuerdos de uso a solicitud del Ministerios de Justicia y Seguridad o del de Defensa.
Datos
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De acuerdo con el presidente Bukele, han sido capturados más de 17.000 supuestos miembros de pandillas o personas vinculadas a estas bandas.
Sin embargo, hasta el momento las autoridades de Seguridad no han especificado cuántos de los capturados.
En su mayoría jóvenes y hombres adultos, pertenecen a pandillas y cuántas son personas afines.
En redes sociales, principalmente en Twitter, continúan las denuncias de capturas de salvadoreños que, de acuerdo con las publicaciones, no tiene algún vínculo con dichas estructuras.
Y son señaladas de ser las responsables de la escalada de homicidios a finales de marzo.
Mientras, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y organizaciones humanitarias han recibido unas 200 denuncias de abusos de las fuerzas de seguridad.
Oposición a la medida
Por otra parte, Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló en un comunicado de la organización.
“En los últimos 30 días, el Gobierno de Bukele ha pisoteado todos los derechos del pueblo salvadoreño”.
“Desde reformas legales que incumplen las normas internacionales, hasta detenciones arbitrarias masivas y malos tratos a los detenidos», dijo Guevara.
Agregó que «las autoridades salvadoreñas han creado una tormenta perfecta de violaciones de derechos humanos”.
Recordó que bajo el régimen de excepción se aprobaron reformas penales con las que “los niños de entre 12 y 16 años están sometidos a penas de prisión de hasta 10 años”
Agregó que en este contexto “las personas de las comunidades pobres y marginadas pueden ser detenidas arbitrariamente sin derecho a la defensa legal”.
Historial de violencia
¿Cuál es el problema?
Tras quince años de políticas de seguridad fallidas, el gobierno de El Salvador está en el centro de una confrontación abierta.
Los enfoques alternativos de prevención de la violencia que apuntan a luchar contra las raíces sociales de las pandillas no han producido los resultados deseados debido a la falta de compromiso político y divisiones sociales que las pandillas utilizan para su propio beneficio.
¿Por qué́ importa?
Nacida luego de las políticas de deportación de EE.UU. de finales de los 90s, la violencia de las pandillas en El Salvador se ha convertido en un problema de seguridad nacional que explica las tasas desorbitadas de homicidio en el país.
La combinación de políticas de mano dura y el enfoque del gobierno estadounidense sobre la migración podrían deteriorar la ya crítica situación de seguridad en el país.
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