Los agentes del TTC podrían obtener el poder de arrestar a pasajeros bajo una nueva ley en Ontario, como parte de un esfuerzo más amplio para ampliar las facultades de control en el transporte público, una medida que ya está dividiendo la opinión pública.
La mañana del lunes, el primer ministro Doug Ford anunció en X que la provincia implementará “nuevas reglas estrictas” dirigidas a combatir el consumo de drogas en los sistemas de transporte público.
“Estamos tomando medidas para mantener seguras a nuestras comunidades”, escribió Ford sobre la iniciativa que ha estado promoviendo desde principios de 2026.
A partir del 1 de julio de 2026, coincidiendo con el Mundial de la FIFA, los agentes especiales que trabajan con el TTC, Metrolinx y OC Transpo de Ottawa tendrán autoridad similar a la de la policía para arrestar a personas sorprendidas consumiendo sustancias ilegales en el metro, tranvías y otros espacios de transporte.
Aunque la provincia afirma que la medida busca mejorar la seguridad de los usuarios y del personal, la reacción de los residentes de Ontario ha sido mixta y, en algunos casos, fuertemente crítica.
Durante meses, organizaciones como la Asociación Canadiense de Libertades Civiles (CCLA) han instado al gobierno de Ford a abandonar la propuesta, abogando en su lugar por intervenciones comunitarias centradas en la salud.
“Ampliar los poderes de arresto y detención en el transporte público corre el riesgo de profundizar la criminalización de la pobreza, el consumo de sustancias y la discapacidad”, declaró Howard Sapers, director ejecutivo de la CCLA. “La seguridad pública no debe lograrse a costa de los derechos constitucionales y la dignidad humana”.
Otros residentes han argumentado que la política podría afectar de manera desproporcionada a poblaciones vulnerables, especialmente a personas con adicciones o en situación de calle.
“Meter a todo el mundo en la cárcel es más fácil que resolver estos problemas”, escribió un usuario en X con tono sarcástico.
Algunos también señalaron la decisión previa de cerrar varios sitios de consumo supervisado como un factor que contribuye al aumento del consumo de drogas en espacios públicos.
“Si cierras los centros de consumo seguro, el resultado es más consumo en público”, comentó otro usuario.
El debate en línea refleja una creciente división sobre cómo abordar el consumo de drogas y la seguridad en el transporte, con críticos que piden mayor inversión en servicios sociales y apoyo en salud mental.
Sin embargo, también hay quienes apoyan la nueva ley. Un usuario expresó: “La aplicación de la ley genera orden”.
A medida que la legislación avance, es probable que la conversación —y la controversia— continúe intensificándose.
