No le cesan los dolores de cabeza a Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, quien desde hace unas horas tiene todos sus ingresos congelados por orden de la Contraloría General de Colombia, que decidió embargarle sus cuentas bancarias por un presunto detrimento patrimonial en varios contratos, como uno con el que pretendía dotar a la capital del Valle del Cauca con cámaras de seguridad.
El mandatario tiene productos bancarios con los bancos BBVA, Davivienda y AV Villas, además de otros predios que van desde un apartamento con garaje, entre otros. Todos esos bienes quedaron, temporalmente, en manos del máximo órgano de control fiscal del Estado colombiano.
Así lo dieron a conocer varios medios del país este sábado como la revista Semana y el diario regional El País, que tienen en su poder las pruebas que la Contraloría utilizó para tomar esas acciones preventivas contra el mandatario caleño, quien estaría involucrado, de acuerdo con las pruebas, en una red de presunta corrupción que atañería, incluso, a Empresas Municipales de Cali, Emcali.
Según revelaron los citados portales, los contratos que hoy tienen otra vez bajo la mira de las autoridades a Ospina oscilan entre los 30 mil y 700 mil millones de pesos en donde se evidenciaría que no solo se habrían gastado de más para contratar las cámaras para las calles de la ciudad, sino que se habrían tomado fondos de Emcali para presuntos fines ilícitos.
La metodología que usó el alcalde Ospina consistió en que, en diciembre del 2020, emitió un decreto con el que le daba potestad a la Secretaría de Seguridad, que en ese entonces dirigía Carlos Soler para que adecuara la videovigilancia de la capital del Valle del Cauca.
Allí, la dependencia de la administración municipal hizo la contratación junto a la Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Impretics), que se encargó de dotar a Cali de los suministros, elementos y demás licitaciones, sin tanto papeleo, para lograr los cometidos de la administración de Ospina.
Es en ese punto donde comenzaron los inconvenientes porque, a pesar de que ya tenían presupuestos para que Impretics hiciera el trabajo, que consistía entre otras cosas arreglar 129 cámara por más de 400 millones de pesos, la Alcaldía de Cali terminó contratando a una unión temporal llamada Windetec.
Esas contrataciones, de acuerdo con lo que revelaron los medios, habría generado los sobrecostos que ahora investiga la Contraloría. Dice la investigación que la Secretaría de Seguridad tuvo que cambiar de empresa porque la primera no tenía la experiencia necesaria para cumplir con lo solicitado porque su razón social va enfocada a la construcción y la educación, y no dotar herramientas de vigilancia como las que se habían solicitado antes del contrato.
El embargo contra el burgomaestre no fue la única medida que la institución dirigida por el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, emitió contra los involucrados en este caso. La entidad también tomó control sobre 45 cuentas bancarias adicionales que, de acuerdo con el medio citado, harían parte de contratistas de Emcali que estarían inmersos en este nuevo escándalo.
Es más, dice la Contraloría que, hasta ahora, la administración de Ospina no ha podido probar en dónde están varios de los millones que se habrían embolatado, pese a que aseguran que se invirtieron durante el Paro Nacional del 2021, cuando Cali fue uno de los epicentros de violentas manifestaciones.
En cuanto a los funcionarios de Emcali, salpicados en esta situación, la Contraloría evidenció que habría un detrimento de más de 14 mil millones para obras de tratamiento de agua que beneficiarían a 700 mil caleños, pero que a la fecha no hay obra y tampoco los recursos para ese proyecto.
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