AFP Bogotá, Colombia.- Miles de personas se manifiestan este sábado por cuarto día consecutivo en Colombia para exigir el retiro de una reforma tributaria que, según denuncian, castiga a la clase media en plena pandemia, mientras se multiplican denuncias de abusos por parte de la fuerza pública durante las protestas.
El anuncio realizado la víspera de que el presidente Iván Duque reformulará el proyecto, retirando las propuestas más polémicas, como el aumento del IVA a bienes y servicios, no calmó los ardores de los manifestantes convocados por el Comité Nacional de Paro.
En plena tercera ola de covid-19, sindicatos, estudiantes, indígenas, oposición y otras organizaciones de la sociedad civil tomaron nuevamente las calles de las principales ciudades en el día internacional de los trabajadores y las trabajadoras, al ritmo de tambores cacerolazos.
“Es increíble que en esta crisis que estamos viviendo, esta violencia que atraviesa el país”, un gobierno decida “hacer una reforma tributaria (que) termina empobreciendo más al pueblo”, dijo a la AFP Julián Naranjo, administrador ambiental en Bogotá.
Además de la capital, las manifestaciones se hacen sentir en Medellín (noroeste), Cali (suroeste), Barranquilla (norte) y Neiva (centro), así como en ciudades intermedias.
La reforma fue planteada como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana para mantener ayudas a poblaciones vulnerables en pandemia, pero suscitó el rechazo de decenas de miles de personas que salieron a marchar el miércoles, e incluso el partido de gobierno le hizo reparos.
En los días siguientes se mantuvieron las protestas aunque de forma menos concurrida. Sin embargo este sábado retoman con mayor intensidad, en particular en Bogotá, donde la marcha se divide en dos: una parte que se dirige a la central Plaza de Bolívar, aledaña al palacio de gobierno y otra a la casa del mandatario conservador con una popularidad en rojo (33%).
Con la reforma el gobierno aspiraba recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031, para estabilizar las finanzas de un país con un desempleo urbano del 16,8% en marzo, cuyo PIB cayó un 6,8% en 2020: su peor desempeño en medio siglo.
Las protestas se dan mientras Colombia atraviesa una tercera ola de contagios que tiene a los hospitales al borde del colapso y el personal de salud agotado.
Con más de 2,8 millones de contagios y casi 74.000 fallecidos registrados desde el 6 de marzo de 2020, el país es, respectivamente, cuarto y quinto más afectado de América Latina y el Caribe en ambos aspectos, en proporción a su población.
– Silencio oficial –
A la par de las protestas se registran desde el miércoles fuertes disturbios en el centro y suroeste del país.
En respuesta, el gobierno decidió militarizar la ciudad de Cali (suroeste), capital de 2,2 millones de habitantes del Valle de Cauca, con la llegada de unos 3.000 soldados y policías.
Desde esa urbe, el ministro de Defensa, Diego Molano, denunció que los desmanes fueron orquestados por “organizaciones criminales”, entre las que se encuentran disidencias que no se acogieron al pacto de paz firmado con la guerrilla FARC en 2016.
El gobierno ha mantenido un silencio oficial sobre la cantidad de civiles heridos en las manifestaciones y los desmanes, y solo reconoce un muerto, a pesar de que se multiplican las denuncias sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas por la fuerza pública.
La Fiscalía afirmó en un chat de periodistas estar investigando seis homicidios ocurridos durante las protestas para verificar “si tienen o no que ver con la conflictividad social que se está presentando en la región”.
Mientras tanto, en un pedido de “acción urgente” radicado en el Congreso, 19 parlamentarios de oposición informaron que cuatro de las víctimas mortales podrían haberse dado por “el accionar de la policía” e indicaron tener información sobre 105 personas heridas en las manifestaciones.
De momento el ministerio de Defensa solo ha presentado un balance de 209 policías heridos, un uniformado fallecido y 185 arrestos realizados en los últimos días.
Ni la oficialista Defensoría del Pueblo (Ombudsman), ni la Procuraduría, encargada de vigilar el ejercicio de los funcionarios públicos, se han pronunciado al respecto.
En septiembre, la muerte de un ingeniero durante un procedimiento policial, grabada en video, provocó fuertes revueltas contra la brutalidad policial que dejaron medio millar de heridos y una decena de muertos.
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