La Cámara de los Comunes aprobó por unanimidad el miércoles una legislación que autoriza nuevas prestaciones para los trabajadores desempleados o subempleados como consecuencia de la pandemia. El proyecto de ley reemplaza el beneficio de 500 dólares semanales del Beneficio de emergencia de Canadá (PCU por sus siglas en francés, CERB por sus siglas en inglés) y debe ser aprobado ahora por el Senado. Se mantiene el mismo monto de ayuda con beneficios adicionales.
El proyecto de ley C-4 fue aprobado en la Cámara de los Comunes en la madrugada del miércoles, después de cuatro horas y media de debate.
Ottawa adoptará entonces las medidas de ayuda que reemplazarán el PCU-CERB que terminó el domingo. Los trabajadores pronto podrán contar con el nuevo Beneficio de Estímulo Económico de Canadá (Prestation canadienne de relance économique-PCRE).
El proyecto de ley espera su aprobación delSenado el miércoles para una rápida votación. Sin embargo, el senador Scott Tannas, notificó el martes que presentará una moción que requerirá un mínimo de una semana de debate sobre toda la futura legislación gubernamental propuesta durante la pandemia. En el caso de una «emergencia genuina», su moción requeriría que el gobierno presentara el caso en el Senado para justificar que un proyecto de ley pueda aprobarse más rápidamente.
Una oposición a la forma
Los partidos de la oposición han acusado al gobierno liberal de prácticamente obligarlos a adoptar el proyecto de ley.
El NDP aceptó la aceleración del proyecto de ley para asegurar a los ciudadanos que no se quedarán a la deriva ahora que el PCU-CERB ha sido eliminado.
Los diputados conservadores, que habían protestado enérgicamente por considerar que toda esa propuesta iba demasiado rápido votaron a favor. Lo mismo ocurrió con los miembros del Bloque Quebequense, que también se habían opuesto a un procedimiento acelerado.
Los partidos apuntaron a la decisión de Justin Trudeau el mes pasado de prorrogar el Parlamento, impidiendo que se ocupara de cualquier legislación hasta que el Parlamento se reanudara la semana pasada. Los partidos de la oposición también acusaron al Primer Ministro de usar la prórroga para cerrar los comités parlamentarios que investigaban el escándalo de WE Charity sobre un posible conflicto de intereses entre Justin Trudeau y el ex ministro de finanzas Bill Morneau.
Mismo monto que el PCU y otros beneficios
El proyecto de ley C-4 reemplaza el beneficio semanal de 500 dólares del PCU, la respuesta de emergencia canadiense, que terminó el fin de semana pasado después de cumplir con su objetivo de ayudar a casi nueve millones de canadienses a hacer frente a los efectos de la pandemia.
En su lugar, los trabajadores afectados por la pandemia tendrán acceso a un sistema de seguro de empleo más flexible y generoso y, para los que aún no reúnen los requisitos para obtenerlo, existirá una nueva prestación de recuperación de Canadá.
Es decir, poco importa el programa al que acudan, los trabajadores recibirán tanto como con el PCU-CERB porque los beneficios del seguro de empleo se incrementaron de 400 a 500 dólares por semana, tras la presión del Nuevo Partido Democrático (NDP).
El proyecto de ley también crea un nuevo beneficio de licencia por enfermedad y otro nuevo beneficio para quienes se vean obligados a tomar tiempo libre del trabajo para cuidar a un dependiente debido a la pandemia.
Finalmente la licencia por enfermedad se aplicará no sólo a quienes contraen el COVID-19, sino también a quienes padecen afecciones médicas subyacentes u otras enfermedades, entre ellas la gripe o los resfriados, que los hacen más vulnerables al nuevo coronavirus.
La Ministra de Empleo Carla Qualtrough estimó que las nuevas medidas costarán 34.000 millones de dólares. El proyecto de ley también incluía unos 17.000 millones de dólares en otros gastos relacionados con COVID-19.
Pablo Rodríguez, líder liberal en la Cámara de los Comunes, indicó que otro proyecto de ley de emergencia – para ampliar la ayuda de alquiler para las empresas – sería tratado pronto.
Después de una reunión del gabinete el martes, dijo a la prensa que el gobierno es consciente de que los negocios se enfrentan a los pagos de alquiler y «puedo decir que no vamos a defraudarlos».
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