Empresario canadiense con inversiones de más de US$100 millones en RD ha sido extorsionado, chantajeado, manipulado, robado y secuestrado.
Santo Domingo. – El empresario canadiense Antonio Carbone, el cual tiene inversiones de más de 100 millones de dólares en la República Dominicana, reveló a la redacción del periódico Sin Cortapisa que ha sido objeto de extorsión, chantaje, manipulación, robo y secuestro en este país, y todo esto bajo la gestión de gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Antonio Carbone denunció a través de este medio que ha sufrido abusos por parte de la administración de justicia en RD, debido a que le han sido violados sus derechos constitucionales, especialmente las disposiciones de los artículos 40, 68 y 69 de la Constitución de la República, además de los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que como extranjero en el país le deberían proteger.
De acuerdo al empresario Carbone, el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ha rechazado varios incidentes en el cual estos objetan la calidad del supuesto querellante nombrado Andrew Pajak, presentando todos los documentos que demuestran la falta de calidad del demandante y los abogados de la supuesta víctima. Siendo estos rechazados por los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del DN, sin razón legal aparente más que las presiones que reciben de la parte querellante y de sectores externos e internos del propio Poder Judicial.
El inversionista canadiense explicó que según su fuente, el señor Andrew Pajak junto a sus socios Julio Cury y Sergio Moya, a quién se refirió como “el antiguo narco y ahora diputado”, contrataron la oficina de Abel Rodríguez del Orbe y este se ha encargado de manipular la justicia a través del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán; el presidente de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Julio César Cano Alfau; el exprocurador General de la República, Francisco Domínguez Brito; la exfiscal del Distrito Nacional, Yenni Berenice; el exfiscal adjunto del DN, Ysidro Vásquez Peña, y el fiscal de Santo Domingo Este, Milcíades Guzmán.
Antonio Carbone expresó que desde el inicio de su proceso ha habido irregularidades en el mismo, ya que fue puesto en prisión sin orden de arresto el 25 de enero del 2015 y el 4 de enero del 2017 fue beneficiado con una orden de libertad la cual nunca le fue ejecutada por órdenes de la exfiscal del DN, Yenni Berenice y el fiscal de SDE, Milcíades Guzmán. Por lo que fue sometido a una nueva medida de coerción por 3 meses, que en la actualidad tiene 30 meses sin haber sido revisada según dispone la normativa vigente, violando así todos sus derechos constitucionales.
Por último, el inversionista extranjero Antonio Carbone le hizo un llamado a la Embajada de Canadá en RD a través de su representante la embajadora Shauna Hemingway, para que interceda como país apoyado en los tratados bilaterales y sea liberado del secuestro en que lo mantiene el gobierno del mandatario Danilo Medina, el Poder Judicial y el Ministerio Público, en componenda con abogados y empresarios para robarle sus empresas.
Cabe resaltar que el empresario canadiense Antonio Carbone actualmente tiene 4 años y medio preso, según él, secuestrado a través de dos acusaciones fabricadas en su contra, con la única intención de expropiarlo de sus bienes.
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