La reciente muerte en la pequeña ciudad bávara de Coburg de un anciano alemán apenas es noticia. Pero la muerte de Franz Perlinger, varios días después de celebrar su 99 cumpleaños, es en realidad más significativa de lo que la mayoría de la gente podría imaginar. Si Perlinger no hubiera muerto hace dos semanas, hubiera tenido que afrontar su juzgamiento programado para octubre próximo, por su complicidad en el asesinato de miles de reclusos en el campo de mujeres y del mucho más pequeño campo de hombres del notorio campo de concentración de Ravensbruck en el norte de Alemania, al que los nazis deportaron a más de 130.000 personas, en su mayoría prisioneras políticas polacas y soviéticas.
El caso contra Perlinger habría sido el octavo juicio llevado a cabo a raíz de un cambio dramático en la política de enjuiciamiento alemana con respecto a los perpetradores del Holocausto, implementado en 2008. Hasta entonces, para condenar a un criminal nazi, la fiscalía habría tenido que probar que el sospechoso había cometido un crimen específico contra una víctima específica, un desafío casi imposible tantos años después del crimen. Pero basándose en el hecho de que los campos de exterminio (los que tenían cámaras de gas -Auschwitz, Treblinka, Belzec, Sobibor y Majdanek-, o camionetas de gas como Chelmno), eran en realidad “fábricas de muerte”, los fiscales del gobierno se persuadieron de que cualquiera que hubiera servido allí podría ser considerado responsable de los asesinatos y, por lo tanto, ser procesado por “cómplice ” de los mismos, basándose solamente en el servicio prestado, lo cual podría probarse mediante documentos. Y así se lanzó la campaña para llevar ante la justicia a los guardias de los campos de exterminio, o campos con tasas de mortalidad muy altas, independientemente de la edad de los sospechosos, quienes ya tenían al menos noventa años.
Este cambio dramático en la política alemana, encabezado por los fiscales Thomas Walther y Kirsten Goetze, dio una nueva vida a los esfuerzos destinados a que los perpetradores nazis rindan cuentas de sus hechos. Alemania es actualmente el único país que durante la última década y media ha logrado múltiples condenas a criminales del Holocausto. Es una evolución sin dudas bienvenida pero -habiendo reconocido este importante logro-, es importante señalar varias fallas graves en el manejo de estos casos, que la muerte “prematura” de Perlinger ayuda a resaltar.
Hasta el momento, todos los acusados cuyos juicios fueron concretados han sido condenados y sólo uno tuvo que detenerse por motivos de salud. (El caso de Johannes Rehbogen, que sirvió como guardia en el campo de concentración de Stutthof, fue suspendido porque su salud se deterioró y ya no pudo seguir el juicio). Sin embargo, no se dio a publicidad el hecho de que entre cinco y siete juicios tuvieron que ser detenidos por razones de salud, después de que se hubieran presentado acusaciones contra los sospechosos.
Cabría imaginarse que dada la avanzada edad tanto de los criminales como de los sobrevivientes, se crearía una “vía rápida” para estos juicios, pero lamentablemente no ha sido así. Así, en lugar de ser expuesto, procesado y condenado por su papel como guardia de las SS en Ravensbruck, Perlinger falleció en una relativa e inmerecida tranquilidad.
El sistema de justicia alemán debería haber encontrado una manera de acelerar estos casos. En el caso de Perlinger, por ejemplo, el historiador de su caso tardó más de tres años en completar el importante informe sobre los crímenes cometidos en el campo. Además, la fecha de apertura de su juicio se fijó más de un año después de haber sido imputado, por lo que el resultado no sorprende en absoluto. ¡Habíamos estado trabajando en el caso durante aproximadamente medio año y aún quedaban ocho meses antes de que se abriera el juicio!
Otro problema se relaciona con el fracaso del sistema de justicia alemán en agregar personal adicional a la Zentrale Stelle (la agencia federal que investiga cada caso de un perpetrador nazi para decidir si éstos son válidos y deben ser llevados a juicio), para permitir así el manejo de muchos más casos, ya que el cambio en la política de enjuiciamiento hizo posible enjuiciar a muchas más personas que antes.
Un tercer problema es la elección de los fiscales. Después de que los expertos de la Zentrale Stelle aprueban un caso para juicio, el expediente se envía a un fiscal cercano a la residencia del acusado. Ninguno de estos fiscales, o incluso algunos de los abogados que representan a los testigos sobrevivientes y los co-demandantes, tienen experiencia (!) en el manejo de casos de perpetradores nazis. Entonces, si bien esto tiene cierta lógica respecto de la logística del juicio, como con las comparecencias de los acusados, a menudo da lugar a errores graves. Un ejemplo de ello fue el de un testigo que afirmó que nació en Stutthof y que su madre se había tatuado allí cuando los reclusos de Stuttof no tenían números tatuados en los brazos.
Obviamente, el tiempo se está acabando y pronto ya no será posible llevar a los perpetradores del Holocausto ante los tribunales. Por lo tanto, instamos a las autoridades alemanas a tomar todas las medidas posibles para agilizar estos casos con prontitud, con el fin de maximizar la justicia.
ACERCA DEL AUTOR
El Dr. Efraim Zuroff es el principal cazador de nazis así como el Director de la Oficina de Israel y Asuntos de Europa del Este del Centro Simon Wiesenthal
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