En un contexto político tenso por la aprobación del Plan B de AMLO en materia político-electoral en el legislativo federal y la expectativa que genera la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ratificarla, Damián Zepeda, senador del PAN, propuso limitar los tiempos de determinación de este organismo.
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Durante una conferencia de prensa, el abanderado del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que existen casos en los que la Corte ha tardado años en determinar si alguna legislación es constitucional o no e, independientemente del resolutivo, dijo que esto no debe de ocurrir en una democracia, por ello planteó que el límite de tiempo para que se definan este tipo de requerimientos sean 90 días naturales como máximo.
Esto quiere decir que, en caso de que se apruebe esta iniciativa, una vez que la SCJN reciba una controversia constitucional o un acto de inconstitucionalidad, tiene tres meses límite para resolver. Zepeda Vidales espera que con esto se acelere la ratificación del marco legal mexicano en casos tan importantes como la Reforma Electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
“Ponerle un plazo específico al tiempo máximo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda llevarle el análisis de una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional”
Al respecto, destacó que actualmente no existe un tiempo definido para la SCJN, lo cual permite la prolongación excesiva de este tipo de discusiones legales y hace que parte de los magistrados de la primera sala hagan “el trabajo sucio” del presidente. De tal modo que reiteró en la celeridad de las resoluciones: “justicia que no es pronta, no es justicia”.
“La Corte no puede tener un manejo discrecional de tiempos, tiene que comportarse como un verdadero tribunal constitucional y darle prioridad a las acciones de inconstitucionalidad”
En este sentido, puntualizó que su intención no es inmiscuirse en cómo resuelven, sino en el tiempo en que tardan: “no me quiero meter en cómo resuelvan, quiero que resuelvan apegados a derecho, pero no pueden estarse tardando años”, por lo que planteó el límite de tres meses, algo que si se compara con otros países de la región, parecería más que suficiente, ya que existen países que resuelven en menos de una tercera parte de lo que propone el senador del albiazul.
“Propongo un tope máximo de 90 días naturales, tres meses, máximo para que la Corte resuelva todas las acciones de inconstitucionalidad que se le presenten”
Bajo esta lógica, Damián Zepeda recordó que la Corte en España tiene un límite de 30 días. Asimismo, en Chile se cuenta con 10 días que, en casos extraordinarios, puede extenderse hasta 20 días. Lo mismo ocurre en Perú, que cuenta con 30 días y que, por razones administrativas, se puede prolongar hasta 70 días, de tal modo que creyó prudente acotar a la corte mexicana a 90.
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Directo de la voz del panista se reconoció que esta iniciativa salió a la luz con el propósito de incidir en la deliberación de la SCJN en relación al Plan B de AMLO, pues le parece un tema coyuntural que debe ser resuelto a la brevedad para que en las elecciones de 2024 se tenga la certidumbre jurídica necesaria para que se lleven a cabo los comicios que definirán la presidencia de México.
Cabe destacar que no nada más se definirá la jefatura del ejecutivo federal en 2024, pues en esas elecciones se renovará el Congreso de la Unión (Cámara de Diputados y Senado de la República), la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y ocho entidades federativas más (Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán), por lo que el andamiaje legal es de suma importancia, particularmente para la oposición política.
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